Desarrollo Estabilizador 2

¿Incluir a los excluidos?
La imposible reconstrucción
del Estado benefactorRaúl Zibechi La doble apuesta de los gobiernos progresistas de América Latina –eliminar la extrema pobreza y la exclusión social, y volver a un Estado social protector de los más pobres– choca con las tendencias mundiales desatadas en los últimos 30 años
LA INSTALACION DE GOBIERNOS progresistas en dos poderosos países de la región, Brasil y Argentina, permitió albergar esperanzas de concretar el ansiado viraje que permitiera salir del desastre neoliberal, lo que debería concretarse en políticas que permitieran superar, a largo plazo, los elevados niveles de pobreza extrema y exclusión social existentes en ambos países. El hecho de tratarse de grandes Estados, que pueden aplicar cuantiosos recursos a resolver o mitigar la cuestión social, levantó una oleada de optimismo en toda la región.
A diferencia del gobierno de Néstor Kirchner, que mantiene la asistencia mensual a los desocupados (unos 150 pesos, poco más de 50 dólares), el presidido por Luiz Inácio Lula da Silva ha sido capaz de articular un completo y complejo programa, Hambre Cero, para asistir a los más pobres y tratar de resolver tanto la extrema pobreza como la exclusión. Hambre Cero, subtitulado como "una propuesta política de seguridad alimentaria para Brasil", es un proyecto elaborado por un conjunto de ong, sindicatos, organizaciones populares, movimientos sociales y especialistas, durante un año de trabajo, y entregado al debate público en octubre de 2001 por el Instituto de la Ciudadanía.¹
Alcances y límites
El programa del gobierno de Lula consiste en la aplicación de políticas estructurales permanentes y políticas compensatorias de emergencia. El segundo aspecto persigue "la intervención del Estado, de modo de incorporar al mercado de consumo de alimentos a aquellos que están excluidos del mercado de trabajo y/o que tienen una renta insuficiente para garantizar una alimentación digna a sus familias". El objetivo final de la combinación de ambas políticas es "incluir a los excluidos, dado que el acceso a la alimentación básica es un derecho inalienable de cualquier ser humano".
Las políticas estructurales contempladas en Hambre Cero buscan disminuir la vulnerabilidad alimentaria mediante el aumento de la renta familiar, la disminución de la desigualdad en los ingresos y la universalización de los derechos sociales. Para ello se propone generar empleo y renta, la reforma agraria, la universalización de la previsión social, el incentivo a la agricultura familiar y el apoyo a la alfabetización. Las políticas de emergencia están centradas en un cupón de alimentación de 50 reales mensuales por familia (unos 15 dólares) durante seis meses, prorrogables a 18, la donación de cestas básicas, el combate a la desnutrición materno-infantil, ampliación de la merienda escolar y programas de educación alimentaria y para el consumo.
El programa propone además un conjunto de políticas locales para ser implementadas por los estados y los municipios con apoyo de la sociedad civil, que van desde la creación de restaurantes populares hasta la puesta en marcha de un banco de alimentos y la modernización de los equipos de abastecimiento. El objetivo es llegar a 44 millones de personas, 28% de la población del país. Se consideran muy pobres a las personas que tienen ingresos menores a un dólar diario, la mitad de las cuales se concentran en el nordeste, y las familias beneficiarias son aquellas que tienen un ingreso menor a medio salario mínimo.
Un primer balance muestra que hasta octubre fueron atendidas más de un millón de personas y se entregaron 490 mil cestas básicas; se comenzó la compra directa y anticipada de productos de la agricultura familiar y se amplió considerablemente la merienda escolar y la asistencia materno-infantil, entre otras.
Más allá de las críticas por la demora en poner en marcha el plan, el Laboratorio de Políticas Públicas (lpp) –de la Universidad del Estado de Río de Janeiro– señala que Hambre Cero no debería ser afectado por los objetivos macroeconómicos negociados con el fmi, que suponen un superávit primario de 4.25% del producto. Apunta además, y esto parece fundamental, que la descentralización de las acciones puede entrampar al programa en las "prácticas de corrupción y clientelismo" extendidas entre las elites locales, y que la fragmentación de las acciones puede redundar en "un refuerzo de las desigualdades" ya que "los más pobres son los que más necesitan y son los que menos capacidad de respuesta tienen". En paralelo, se critica que el programa selecciona "clientelas por corte de renta basadas en ‘líneas de pobreza’", sin considerar que la pobreza tiene "territorios definidos" y que no pueden reducirse sólo y principalmente a la cuestión de los ingresos. Por último, señala que no garantiza el acceso universal a la salud, la alimentación y la nutrición materno-infatil, que deberían ser considerados no como políticas focalizadas sino como derechos sociales básicos, sobre todo para un gobierno que se reclama progresista.


http://www.jornada.unam.mx/2003/12/14/mas-cara.html